(Esta es una versión más extensa del editorial que me publicó ayer El Siglo de Torreón y el Vanguardia de Saltillo, con ligas a los documentos originales que cité. También fue publicado en AnimalPolitico.com)
En Septiembre de 2011 el Gobernador y los acreedores del Estado de Coahuila acordaron el refinanciamiento de la deuda pública de la entidad. Al final, una deuda de $33,700 millones de pesos, incluida la contratada sin debida autorización del Congreso, quedó consolidada en 23 nuevos créditos obtenidos de 9 bancos. Tanto el entonces Gobernador como el Presidente de la Asociación de Bancos de México se congratularon por el resultado, declarando que la negociación “fue acorde a las expectativas e intereses de cada una de las partes”.
Desde entonces el debate sobre la deuda de Coahuila se ha normalizado. Con esto quiero decir que al menos para los funcionarios públicos coahuilenses, el tema ya no es más que parte del paisaje. Debemos mucho, sí, pero “la deuda es legal” (aunque solo sea legal porque fue legalizada). Hay funcionarios prófugos por la contratación de algunos de los créditos originales, pero “ese tema atañe a los individuos involucrados y no a las instituciones”. Aún desconocemos en que se gastó el dinero, pero ya es tiempo de “darle la vuelta a la página”. Tras meses de escándalo, el discurso oficial sobre la mega-deuda en Coahuila se reduce a lo siguiente: Los diputados locales autorizaron la renegociación, los bancos accedieron, y tenemos para pagar. Todo lo demás es intrascendente.
Aparentemente para demostrar que no hay nada que esconder (o confiando en que el hecho pasaría desapercibido), la Secretaría de Finanzas publicó hace un par de semanas los 23 contratos de crédito en su página de internet. Estos contratos permiten conocer por fin los compromisos de política fiscal asumidos por la entidad, así como los plazos, intereses y comisiones acordadas. Algunos de estos documentos hacen referencia a los honorarios pagados a los asesores legales y financieros, y a las penalizaciones debidas a los bancos por el “rompimiento” de compromisos previamente pactados.
Esta información es indispensable para dimensionar la situación financiera de un estado que apenas despierta de un sexenio de excesos y descontrol. Tras considerar amortizaciones de capital, intereses, comisiones, honorarios y penalizaciones, los coahuilenses pagaremos aproximadamente $61,800 millones de pesos por los $33,700 millones que nos prestaron. Es decir, al término de veinte años, habremos pagado $1.83 por cada peso refinanciado. Tan solo en el 2014, primer año después de vencido el periodo de gracia, Coahuila deberá dedicar un aproximado de $4300 millones de pesos al servicio de su deuda, monto superior al costo de todos los puentes y pasos a desnivel construidos en Saltillo durante el sexenio de Humberto Moreira.
(Si están interesados en saber como saqué estos cálculos, pueden revisar este archivo de excel).
Solamente en comisiones bancarias, el Gobierno de Coahuila se comprometió a pagar $1,027 millones de pesos. La mayor parte de estas comisiones fueron para Multiva, que cobró $280 millones de pesos (el 5.7% de lo que le prestó a Coahuila) “por estructuración”, además de una importante anualidad sobre saldos insolutos. En 2012, la anualidad pagada a Multiva representó $62 millones de pesos, y en caso de que este crédito no se liquide anticipadamente, Coahuila terminará pagando a este banco un total de $638 millones de pesos en comisiones por “anualidades”.
Contrato de Crédito con Multiva, pg 15.
Otro banco, Interacciones, cobró $848 millones de pesos por el “rompimiento” de compromisos previamente pactados, ¡más de lo que Coahuila presupuestó en 2012 para los sueldos de su personal dedicado a la seguridad pública!
Cuéntenle los ceros al pago por "rompimiento de fondeo"...
Además del costo del refinanciamiento, destacan en los contratos una serie de compromisos que limitan seriamente el margen de acción del Estado. A pesar de lo declarado previamente por el Secretario de Finanzas, el Gobierno del Estado ya no puede eliminar o bajar la tasa del Impuesto sobre Nómina, ni incrementar más allá del mínimo legal las transferencias de recursos federales a los municipios. Hoy Coahuila no puede renunciar al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y requiere autorización de sus acreedores para adquirir nuevos financiamientos. Si el Estado vende o bursatiliza alguno de sus activos, debe dedicar 30% de los ingresos recibidos a pagar la deuda. Y si alguna autoridad retira, suspende, modifica o deshecha cualquier autorización necesaria para el cumplimiento de los compromisos, el total del crédito se vuelve inmediatamente exigible.
Los bancos legislaron por contrato, y quedaron vacunados contra cualquier supuesto que pudiera afectarles. Para muestra esta cláusula (click para agrandar):
En cambio, la salud financiera del Estado se sostiene con alfileres. Si decrecen las participaciones federales, si incrementan las tasas de interés, o si aumentan los compromisos de gasto (por ejemplo, ante una nueva catástrofe natural), el Gobierno de Coahuila enfrentará una severa contingencia financiera. De hecho, aún bajo las condiciones actuales, el Gobierno difícilmente podrá soportar los compromisos adquiridos sin recurrir pronto a una nueva renegociación.
Los contratos narran una historia de profunda desconfianza de los banqueros hacia nuestras autoridades, seguramente informada por años de mentiras y desorden. Pintan de cuerpo entero a un Gobierno minimizado y francamente arrinconado por acreedores dispuestos a vender caro su amor. Si la deuda fue contratada de forma responsable y con el interés del Estado en mente, ¿por qué hubo que refinanciar apenas un par de años después con tanta urgencia, a un costo tan alto y aceptando condiciones tan desfavorables? Si el refinanciamiento cumplió “con las expectativas e intereses de cada una de las partes”, ¿por qué queda un sabor de boca tan terrible al leer con detenimiento los contratos?
Pocos en Coahuila conocen las respuestas… y curiosamente son los mismos que le piden a la ciudadanía olvidar y dar vuelta a la página.
Actualización:
Al terminar de escribir este artículo, alguien me alertó por twitter que los contratos ya no están disponibles al público. Ahora solo aparece la siguiente nota:
Chale. Ya le dieron vuelta a la página.
